En su intervención, el ministro ha explicado que en el ámbito europeo las posiciones respecto a la utilización del fracking no son unánimes, aunque sí es compartida la preocupación por los riesgos potenciales de esta actividad y hay una voluntad general de llevar a cabo un análisis previo en profundidad.
En general, “los Estados tienden a la prudencia, con la aprobación de proyectos piloto de exploración sujetos a distintas cautelas, como la Evaluación de Impacto Ambiental obligatoria, la supervisión por un tercero independiente o la obligación de seguimiento”, ha comentado el ministro, quien ha asegurado que, hasta la fecha, ningún país ha aprobado proyecto alguno de explotación.
Desde España, “hemos sugerido algunas ideas dirigidas a clarificar la aplicación de determinadas directivas ambientales, como la Directiva Marco de Aguas, la de Responsabilidad Medioambiental, la de Evaluación de Impacto Ambiental o la de Emisiones Industriales”, ha indicado.
En cualquier caso, el ministro ha asegurado que existe un amplio consenso para que se intensifique el control por parte de las autoridades competentes de los proyectos de fracturación hidráulica. “Un principio de precaución cautela en la evaluación que este Ministerio está aplicando para asegurar que no se ponen en riesgo la salud pública ni el medio ambiente, con especial atención a la calidad de las aguas”, ha recalcado.
Clarificar la normativa ante posibles riesgos medioambientales
Arias Cañete ha señalado que en España se han presentado ya varios proyectos de fracking, y se hace necesario clarificar las normas aplicables, para que los posibles beneficios asociados a esta técnica “no se vean oscurecidos por los potenciales riesgos medioambientales”. De esta forma, aunque los proyectos de fracking no se incluyen dentro del ámbito de la actual Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, el ministro considera que deben someterse a una evaluación ambiental completa.
Por ello, el ministro ha explicado que el borrador de Anteproyecto de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental incluirá este requisito, en consonancia con lo establecido en el Proyecto de Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, actualmente en tramitación parlamentaria.
En todo caso, Arias Cañete ha mostrado su disposición a seguir trabajando “para garantizar que los proyectos que conlleven la aplicación del fracking tengan la máxima garantía ambiental”, ha concluido.